¿El avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales, cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la ciudadanía?
Un estudio reciente del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA), aporta evidencias para, por lo menos, poner en duda esta idea. La investigación identifica una mayoría que se expresa a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social, cuestión que contrasta con la dirección debatida en este momento en el Congreso.
El trabajo, cuyo adelanto se difunde oportunamente en estos días, se basa en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos a nivel nacional, relevada entre abril y mayo. Reunió en su realización a destacados investigadores e investigadoras de ciencias sociales de quince universidades nacionales de todo el país.
Lejos de la liberalización de mercados de bienes y servicios esenciales contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases, el 81 % de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres y el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.
En dirección opuesta al fomento de la desregulación del trabajo y la eliminación de la moratoria jubilatoria involucradas en ambas normativas, el 83% está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores en negro y el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.
De igual magnitud es la oposición a la mercantilización de los servicios sociales básicos tradicionales: salud y educación. El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades, en sintonía, esto último, con la masiva movilización universitaria federal de abril.
¿Abandonó la ciudadanía la ética de cuidado de sus niños, niñas y adultos mayores? En principio, lo desmienten el 75,3% que se pronuncia por garantizar jardines maternales públicos para todos los niños y niñas y el 93% que acuerda subsidiar los medicamentos para los adultos mayores. Asimismo, la sociedad tampoco se desentiende de la responsabilidad social frente a la indigencia: el 82% considera que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.
¿Abandonó la ciudadanía la ética de cuidado de sus niños, niñas y adultos mayores? En principio, lo desmienten el 75,3% que se pronuncia por garantizar jardines maternales públicos para todos los niños y niñas y el 93% que acuerda subsidiar los medicamentos para los adultos mayores.
Estas valoraciones son expresadas por personas de distintos grupos de edad y géneros, si bien el apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas.
Por su parte, en este marco de núcleos a favor de garantizar el bienestar público y colectivo, aquellos segmentos con bajos y medios niveles educativos, hacen presente un acuerdo aún más intenso respecto de las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral, mientras que los y las encuestados de altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública.
¿Cómo lograr estos pisos de protección? ¿Cómo sostener un Estado que los garantice? ¿Qué aporte corresponde a los distintos estratos y actores sociales? Sobre estas y otras cuestiones, el estudio encuentra también que la ciudadanía tiene interpretaciones, posiciones y apuestas diversas y hasta divergentes. Sin desmedro de ello, la encuesta releva sí esta valoración compartida por preservar aquello que nos integra como sociedad y por el lugar relevante que se le sigue demandando al Estado en esa construcción. Esto es, otras bases y otro punto de partida desde dónde debatir consensos.
Ficha técnica
Relevamiento en base a Encuesta probabilística presencial. Cantidad de casos; 1500. Dominio nacional. Población: individuos de 18 a 69 años. Realizada durante abril-mayo 2024.
Proyecto: La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase, financiado por la Agencia I+D+i.
El PIRC-ESA es un programa federal interuniversitario. Nodos participantes: Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano; Universidad Nacional de Jujuy, Unidad de Investigación en Comunicación Cultura y Sociedad; Universidad Nacional del Nordeste, Centro de Estudios Sociales; Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Humanidades; Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Trabajo y Producción; Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani; Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Instituto de Cultura, Sociedad y Estado;Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales; Universidad Nacional de Tres de Febrero. Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas; Universidad Nacional de Mar del Plata, Centro de Estudios Sociales y Políticos ; Nodo UMET-CITRA.
Por el Nodo de la UNRN participa la docente investigadora Ana Capuano.
