En el sistema de educación superior argentino, el racismo tiene
diversas formas de expresión. Una de ellas es la escasa participación que
tienen las personas indígenas y afrodescendientes en su estudiantado, incluso en
sus cuadros académicos y de gestión. Puede decirse que éstoes consecuencia de
diversos tipos de factores que pueden reunirse en la expresión “racismo
estructural” y que disminuyen las posibilidades de que personas de estos grupos
poblacionales culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran
puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita, tal como
documenta el estudio “Etnicidad y educación en Argentina: pueblos indígenas y
afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”, elaborado como parte del
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el
Caribe (Mato, 2020)
Desde comienzos de este siglo, la mayoría de los países
latinoamericanos ha venido adoptando enfoques positivos e innovadores para asegurar
los derechos educativos de estos grupos de población establecidos en varios
instrumentos internacionales (la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, entre varios otros) que han ratificado.
En el caso de Argentina, la vigencia de estos derechos se expresa incluso en el
artículo 75 de la Constitución Nacional (inc 17 y 22). Hacia esa meta procuramos
avanzar con el proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior (Ley Nº
24.521/95), proyecto del que participo, en carácter de Rector de la Universidad
Nacional de Río Negro, desde diciembre de 2020.
La iniciativa es promovida por la Cátedra UNESCO Educación
Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (UNTREF) y
es impulsada por diferentes organismos, instituciones, rectores de
universidades y especialistas del ámbito educativo, convencidos de que es
preciso dotar al Estado de un rol más activo con relación a la implementación de políticas
de inclusión educativa para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Esa
ambición implica activar mecanismos y programas de Educación Intercultural para
toda la población, así como garantizar recursos materiales y económicos,
programas de apoyo institucional y acceso a servicios de conectividad e
Internet de los estudiantes pertenecientes a estos pueblos; la promoción de
generación de conocimientos basados en modalidades de colaboración
intercultural; y la participación de sus representantes en instancias
consultivas y decisorias.
Los objetivos de la Universidad Nacional de Río Negro guardan
estrecha relación con estas metas. En efecto, así lo determina el Estatuto que considera
a la Educación Superior como un derecho humano universal; su acceso sin ningún
tipo de discriminación; a la libre asociación y participación estudiantil; a la
obtención de becas y otros tipos de apoyos económicos; y al reconocimiento y
preservación de las culturas identitarias originales de los integrantes de su
comunidad.
Sobre esa base, la UNRN ha transitado, desde sus inicios, un camino de acciones orientadas a promover el
ingreso y la permanencia de jóvenes pertenecientes o descendientes de pueblos
originarios, teniendo especialmente en cuenta que la provincia de Río Negro
tiene –de acuerdo al último censo-, el 7,1% de la población que se reconoce
indígena. Se trata de 45.375 personas sobre un total de 638.645 habitantes. Ese
porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%. No obstante cabe advertir que la
participación de descendientes de pueblos originarios es muy superior, o sea
que los censos poblacionales subregistran la realidad. La Universidad tiene, al
día de hoy, 575 estudiantes cuyos apellidos pertenecen a pueblos originarios o
se autoperciben como pertenecientes a los mismos, cantidad que representa
apenas el 5,7 % del total de su matrícula, lo cual nos preocupa mucho.
Más allá de los esfuerzos individuales realizados por nuestra institución y otras universidades estatales, resulta crecientemente evidente que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior (LES).
En ese contexto, hemos emprendido múltiples iniciativas: desde el Programa Línea Sur, que tuvo como principal objetivo el acceso a la educación universitaria de poblaciones de pueblos originarios rionegrinos y otros grupos subrepresentados; el Programa de Extensión En Boca de Todos, que atiende la salud bucal de la población de los más lejanos parajes de la meseta rionegrina; hasta la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y la implementación de cursos y proyectos de voluntariado que tiene como finalidad aportar al desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región. En la misma línea, la UNRN consolidó su programa de Becas -destinadas al estudiantado de carreras de grado de ciclo corto o largo en situación de vulnerabilidad socioeconómica- con una línea específica para becas para estudiantes provenientes de pueblos originarios. Desde el año 2015 hasta la fecha ha otorgado 23 becas.
En paralelo y a partir de este año, la UNRN implementó un cupo protegido para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios en aquellas carreras con numerus clausus. De esta manera se pretende implementar una política de índole reparatoria y de acción afirmativa en una provincia y región con una importante proporción de la población descendiente de pueblos originarios.
Más allá de los esfuerzos individuales realizados por nuestra institución y otras universidades estatales, resulta crecientemente evidente que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior (LES). Es necesario que la LES fomente que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de nuestro país, tal como lo recomendó la CRES reunida en Cartagena de Indias en 2008 y lo reiteró la CRES reunida en Córdoba en 2018. De este modo, la LES podría servir de base para el diseño de políticas y programas específicos, deliberadamente orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades .
La educación superior tiene una importante responsabilidad
en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.
