Meses atrás la Gendarmería reprimió a un grupo de mapuches y militantes sociales en lucha por la restitución de tierras, lo que tuvo, como lamentable consecuencia, la muerte de Santiago Maldonado. Más recientemente la Prefectura reprimió a otra comunidad mapuche, lo que causó la muerte de Rafael Nahuel, un joven de 21 años residente de un humilde barrio de San Carlos de Bariloche.
La cuestión de la tierra y los reclamos de quienes son pueblos originarios de la Patagonia argentina obligan al Estado nacional a desarrollar una política pública de reconocimiento, comprensión y diálogo, en la búsqueda de soluciones de convivencia, sobre la base del principal derecho humano que es el derecho a la vida, tal como lo expresa la Constitución nacional y el derecho internacional.
Basar la política pública en las fuerzas de seguridad y en la represión no tiene otra consecuencia que la que estamos viviendo. Han perdido la vida dos seres humanos. Estos hechos no hacen sino revelar la gravedad de recurrir a las fuerzas de seguridad militarizadas para resolver los reclamos de acceso a la tierra.
Reclamamos por el cese inmediato de toda forma de violencia, en particular la ejercida por la fuerza pública, la prudente actuación de la justicia y la formulación y consenso de una política de estado que implemente los derechos de los pueblos originarios.
La inacción del Estado nacional para resolver la tenencia de tierras conlleva a luchas por su restitución, en las que familias originarias y militantes sociales se ven confrontados por fuerzas de seguridad armadas con ametralladoras, fusiles y pistolas. Pasar del uso de armas disuasivas frente a un conflicto de esta naturaleza al de armas de guerra es desconocer todos los protocolos de seguridad existentes en el mundo para este tipo de situaciones.
Reclamamos por el cese inmediato de toda forma de violencia, en particular la ejercida por la fuerza pública, la prudente actuación de la justicia y la formulación y consenso de una política de estado que implemente los derechos de los pueblos originarios. Confiamos en que la mesa de diálogo que se ha abierto entre todas las partes, en la que participan activamente dos de nuestras universidades nacionales, sea la instancia de la que surja un camino satisfactorio para dar solución a este conflicto.
La Constitución nacional reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra que ocupan y les garantiza, en caso de no alcanzar las que ocupan, otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Los pueblos originarios no son nuestro enemigo interno. Los argentinos debemos asumir el desafío de hallarnos unidos a fin de construir una mejor y más justa nación, “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, tal como lo establece nuestra Constitución nacional.
