El 24 de marzo de 1993 se sancionó el decreto 506 que creó la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU) como la estructura formal del gobierno a
cargo de los lineamientos de políticas, planes, relaciones entre actores, los
procedimientos de decisión y elaboración de normativas para el sector. La
creación de la SPU representó un salto cualitativo en la política del Estado
nacional con el objetivo de mejorar la compleja relación entre el Poder
Ejecutivo Nacional y universidades por la autonomía como con el sector de las privadas
para asegurar un marco más ordenado de funcionamiento.
En 1993 la autonomía universitaria representaba tanto una condición
básica para el desarrollo de la investigación y la docencia superior en una
sociedad democrática como la independencia absoluta de las universidades
estatales, y en consecuencia una total desvinculación con las políticas
globales del país. Por primera vez en décadas hubo diálogo entre todas
las partes con el propósito de superar la "contradicción" entre
la autonomía universitaria y la necesaria planificación y coordinación del
sector. En efecto la ausencia de un plan se vislumbraba en esa época en la
expansión territorial de algunas universidades fuera de su sede central; o en la
creación de carreras de grado sin la intervención previa del Ministerio para
validar nacionalmente los títulos; o en la superposición de ofertas académicas iguales
o similares en una misma región; o en una marcada demora en la entrega oportuna
de la información estadística que cualquier sistema requiere para coordinar y
dar transparencia a su acción. Además, el marco regulatorio de la
actividad privada en el sector universitario era bastante obsoleto e
inadecuado, la normativa vigente extremadamente laxa en los requisitos para que
una institución mereciera la denominación de universidad y poco exigente en las
condiciones requeridas para evaluar la calidad intrínseca de las propuestas
académicas.
En 30 años, la SPU pasó de una etapa disruptiva-controversial a otra
transaccional- consensual y sostuvo, en
ese tiempo, el desarrollo de un sistema universitario de calidad mediante el financiamiento
de las universidades estatales y el mejoramiento de las retribuciones del
personal universitario; el establecimiento de bases para una adecuada
integración y coordinación del sistema universitario; el mejoramiento de la
calidad de las ofertas y servicios universitarios, tendiendo a que la formación
de recursos humanos altamente calificados y la producción de nuevos
conocimientos y tecnologías, respondan a las exigencias de excelencia y
pertinencia que requiere la construcción de una sociedad democrática estable y
en crecimiento; y el desarrollo de marcos institucionales y reglamentarios que
regulen de modo estable y previsible la organización y funcionamiento de las
universidades.
En el país funcionan más de 150 instituciones
universitarias, al amparo de la Ley 24521 que promueve el aumento gradual de las autonomías con evaluación
de resultados e incentivos económicos y simbólicos para que las universidades
incrementen su calidad y eficiencia.
Agradecemos a la SPU que en 30 años con rigor, creatividad,
transparencia puso en valor con aciertos y errores la política pública
universitaria argentina.
En el país funcionan más de 150 instituciones universitarias, al amparo de la Ley 24521 que promueve el aumento gradual de las autonomías con evaluación de resultados e incentivos económicos y simbólicos para que las universidades incrementen su calidad y eficiencia.
